Entra en vigor el 13 de marzo. La primera CCAA en aplicarlo será Cataluña, que debe recibir antes la aprobación de Vivienda para poder extender la medida a 140 municipios catalanes.

El índice ofrece un rango máximo y otro mínimo de precios dependiendo de la zona donde se ubique el inmueble y de sus características.

En el caso de los pequeños propietarios, tendrán que referenciar el precio al contrato anterior, tan solo estarán sujetos al índice aquellos inmuebles que no hayan estado en el mercado del alquiler en los últimos cinco años.

Son los gobiernos regionales, quienes tienen las competencias en materia de vivienda, los que deciden si se aplican o no estos límites. Para ello, tendrán que pedir la declaración de zonas tensionadas a Vivienda. es una definición que pueden solicitar exclusivamente las CCAA.

En esa petición, los departamentos de Vivienda autonómicos interesados tienen que demostrar que en las zonas a intervenir el esfuerzo para pagar el alquiler supera el 30% de los ingresos de los hogares. También tendrán que presentar un plan para tratar de corregir esa problemática comprometiendo medidas como la construcción de vivienda para el alquiler asequible u otros incentivos fiscales.