El Gobierno sigue trabajando para dar forma definitiva a los avales ICO para la compra de primera vivienda.

Un borrador oficial recoge nuevas condiciones y fija un precio máximo de la vivienda por comunidades. El borrador sitúa en la Comunidad de Madrid el precio tope más alto: 325.000 euros. Repasamos algunos datos nuevos antes de que los avales empiecen a funcionar.

A quién van dirigidos los avales

El objetivo es que la entrada de un piso no sea un problema para los jóvenes o familias con menores a su cargo.

Actualmente, los bancos conceden de hipoteca hasta un 80% del valor de compra o tasación del inmueble. Por este motivo, el cliente tiene que aportar el 20% restante más gastos (alrededor del 10%). Con estos avales, el Estado da una garantía pública de hasta el 20% (25% dependiendo de la calificación energética de la vivienda) y el banco así puede conceder la hipoteca por el 100% del valor del inmueble.

La línea de los nuevos avales está dirigida a jóvenes de máximo 35 años y a familias con menores de edad a cargo, con residencia legal en España durante al menos dos años seguidos. Los ingresos del solicitante no pueden superar los 37.800 euros brutos al año, cantidad que se dobla si son dos personas. Este límite se incrementa en 0,3 veces (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo. En el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

El ICO sitúa en la Comunidad de Madrid el precio tope más alto: 325.000 euros

Como no es lo mismo comprar una vivienda en la Comunidad de Madrid que en Extremadura, por ejemplo, ya que el precio de la vivienda es diferente según la zona, el ICO ha establecido límites de precio máximo de la vivienda dependiendo de la zona para que un ciudadano pueda acogerse al aval.

El precio máximo más alto está en la Comunidad de Madrid, con 325.000 euros, seguida de Cataluña, Navarra y País Vasco, con 300.000 euros. Por su parte el precio más bajo está en Extremadura (200.000 euros), seguida de Andalucía (225.000 euros) y Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana (250.000 euros).

El ICO se reserva también la posibilidad de penalizar a las entidades que no formalicen operaciones con garantía estatal. Según el documento, 'el ICO se reserva el derecho de no incluir en la relación de entidades adheridas a aquellas que no hubieran formalizado operaciones, con cargo a la línea, a lo largo de un trimestre'.